23-F: el día que la democracia española contuvo la respiración

El 23 de febrero de 1981, un intento de golpe de Estado puso a prueba el joven sistema democrático español. Durante horas, el país vivió entre el miedo y la lógica incertidumbre

Martín Wagner * Un disparo en el Congreso. Diputados tirados al suelo. Un guardia civil con tricornio gritando órdenes. Las imágenes del 23-F siguen grabadas en la memoria colectiva de España como una fotografía fija del miedo. Aquella tarde, la Transición dejó de ser un proceso político para convertirse en una prueba de resistencia.

Un país en transición y en tensión

En febrero de 1981 la democracia española apenas caminaba sola desde hacía unos años. La Constitución de 1978 había sido aprobada con amplio respaldo, pero el edificio institucional todavía crujía por dentro. La dimisión de Adolfo Suárez en enero de ese mismo año fue el síntoma más visible de un desgaste profundo: tensiones internas en la UCD, pérdida de apoyos parlamentarios y una creciente sensación de bloqueo político.

A esa fragilidad institucional se sumaba una crisis económica persistente —inflación alta, paro creciente— y una violencia terrorista que no daba tregua. ETA golpeaba con frecuencia, y cada atentado alimentaba la percepción de desorden y debilidad del Estado. En determinados sectores militares comenzaba a escucharse con más claridad el llamado “ruido de sables”, expresión que reflejaba el malestar de quienes consideraban que la Transición había ido demasiado lejos o demasiado deprisa.

El 23 de febrero se celebraba en el Congreso la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, designado sucesor de Suárez. La sesión debía ser un trámite institucional dentro de la normalidad parlamentaria. Sin embargo, bajo esa apariencia formal latía un clima de incertidumbre política y desconfianza mutua. España era una democracia joven, aún sin cicatrices cerradas, que trataba de consolidarse mientras caminaba sobre una cuerda floja.

El asalto que vendría después no fue un rayo en cielo despejado. Fue la manifestación abrupta de tensiones acumuladas: un país que avanzaba, sí, pero con heridas abiertas y equilibrios todavía inestables.

El asalto al Congreso

A las 18:23 de la tarde, cuando se celebraba la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, un grupo de guardias civiles irrumpió en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Al frente iba el teniente coronel Antonio Tejero, tricornio calado, pistola en mano, voz en grito.

“¡Quieto todo el mundo!”

Los disparos al techo quebraron de golpe la normalidad parlamentaria. El eco de los tiros, captado por las cámaras de televisión que retransmitían la sesión, quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Diputados y miembros del Gobierno se tiraron al suelo o se refugiaron bajo los escaños. El Parlamento quedaba secuestrado.

En medio del caos hubo tres figuras que no se agacharon. El presidente saliente Adolfo Suárez, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo permanecieron en sus escaños, convertidos en símbolo de resistencia cívica en mitad de la intimidación armada.

El hemiciclo, que horas antes era escenario de debate político, se transformó en una escena suspendida entre el miedo y la incredulidad. España asistía, en directo y sin saberlo aún, a uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

La noche más larga

Mientras el Congreso permanecía tomado, la incertidumbre se extendía por todo el país. No era solo un secuestro parlamentario: era la sensación de que la historia podía retroceder décadas en cuestión de horas.

En Valencia, el capitán general Jaime Milans del Bosch sacó los tanques a la calle y declaró el estado de excepción. Las imágenes de vehículos blindados recorriendo la ciudad confirmaban que aquello no era un gesto aislado. Otras capitanías generales aguardaban acontecimientos, algunas dubitativas, otras expectantes.

En las casas, el silencio era espeso. La radio y la televisión se convirtieron en el único hilo con la realidad. Las emisiones eran confusas, fragmentarias. No había redes sociales, no había inmediatez digital: solo rumores, llamadas telefónicas y una espera interminable.

La clave llegó pasada la medianoche. El rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general, apareció en televisión para reafirmar su compromiso con la Constitución y el orden democrático. Su mensaje fue interpretado como el cierre definitivo a cualquier ambigüedad en el Ejército. El golpe empezaba a desmoronarse.

Aquella noche pareció durar más que cualquier otra. Fue una noche de miedo contenido, de dudas y de respiraciones suspendidas. Cuando amaneció el 24 de febrero, España seguía siendo una democracia. Y eso, tras horas de incertidumbre, ya era una victoria.

¿Golpe aislado o trama más amplia?

Con el fracaso del asalto al Congreso comenzó otra batalla, más lenta y menos visible: la de la interpretación histórica. ¿Fue el 23-F una acción improvisada de un grupo de militares descontentos o la punta de un iceberg más complejo?

El rostro más visible del intento fue el del teniente coronel Antonio Tejero, acompañado por el general Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada, cuya implicación abrió uno de los capítulos más controvertidos del proceso. La figura de Armada, antiguo colaborador de la Casa Real, alimentó durante años teorías sobre posibles soluciones “de consenso” o maniobras políticas paralelas.

El juicio celebrado en 1982 en el Consejo Supremo de Justicia Militar concluyó con condenas severas para los principales responsables. Tejero fue sentenciado a treinta años de prisión; Milans del Bosch y Armada recibieron penas similares. El mensaje institucional fue claro: la ruptura del orden constitucional no tendría amparo.

Sin embargo, el debate no se apagó con la sentencia. Historiadores y periodistas han discutido durante décadas sobre los apoyos reales, las omisiones y las zonas grises de aquella jornada. ¿Hubo más complicidades pasivas que activas? ¿Se trató de un golpe “duro” frustrado o de una operación política que se descontroló?

Más allá de interpretaciones y matices, lo incuestionable es que el 23-F puso a prueba los límites del sistema democrático recién estrenado. Y que, pese a las dudas y sombras, la institucionalidad terminó imponiéndose sobre la tentación autoritaria.

El día después: la democracia reforzada

La mañana del 24 de febrero amaneció con una mezcla de alivio y desconcierto. El Congreso había sido liberado, los principales implicados estaban detenidos y el intento de ruptura institucional había fracasado. España despertaba con la sensación de haber bordeado el abismo.

Lejos de fracturarse, la respuesta social fue firme. En los días posteriores, miles de ciudadanos salieron a la calle en distintas ciudades para defender la Constitución y el sistema democrático. No eran manifestaciones partidistas, sino una afirmación colectiva: el tiempo de los pronunciamientos militares había quedado atrás.

La investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo se completó poco después, en un clima todavía tenso pero ya sin amenazas armadas. El Estado funcionó, las instituciones resistieron y el mensaje fue inequívoco: la legalidad constitucional no era negociable.

Paradójicamente, el intento de golpe terminó fortaleciendo aquello que pretendía quebrar. La joven democracia salió más consciente de su fragilidad, pero también más convencida de su legitimidad. El 23-F dejó cicatrices, sí, pero también consolidó una certeza: el futuro de España debía decidirse en las urnas, no en los cuarteles.

23-F: la imagen que definió una generación

Hay fechas que se recuerdan por lo que ocurrió. Y hay otras que se recuerdan por cómo se vieron. El 23-F pertenece a esta segunda categoría. Más que un episodio político, fue una imagen grabada a fuego en la retina colectiva: un guardia civil con tricornio en la tribuna del Congreso, una pistola en alto, disparos al techo y diputados agachados bajo los escaños.

Por primera vez en la historia reciente de España, un intento de golpe de Estado quedaba registrado por las cámaras de televisión. No fue un rumor, no fue un relato posterior: fue una secuencia real, cruda, retransmitida y repetida hasta convertirse en símbolo. La televisión dejó de ser mero entretenimiento para convertirse en testigo histórico.

Quienes eran adultos entonces recuerdan el silencio en las casas, la radio encendida, la incertidumbre compartida. Quienes eran niños guardan una memoria fragmentaria: padres serios, conversaciones en voz baja, una sensación de algo grave que no alcanzaban a comprender del todo. Las generaciones posteriores han conocido el 23-F a través de esas imágenes, reproducidas en documentales, aniversarios y debates.

El tricornio, los disparos, el gesto firme de quienes permanecieron en sus escaños… todo se condensó en una escena que trascendió lo político para convertirse en icono cultural. El 23-F no solo fue un acontecimiento; fue una fotografía en movimiento que definió a una generación y marcó el imaginario democrático de un país.

23-F: cuando la democracia se puso a prueba

El 23 de febrero de 1981 no fue solo un intento fallido de golpe de Estado. Fue una prueba de resistencia para una democracia joven que todavía estaba aprendiendo a caminar. Durante unas horas, el miedo pareció más fuerte que la ley. Pero al amanecer, lo que permanecía en pie no era la amenaza, sino el marco constitucional.

Aquella jornada dejó imágenes imborrables, debates abiertos y zonas de sombra que la historiografía sigue analizando. Sin embargo, también consolidó una convicción colectiva: los conflictos políticos debían resolverse en el Parlamento y en las urnas, no bajo la presión de las armas.

El 23-F marcó a una generación porque evidenció que la democracia no es un punto de llegada, sino un equilibrio que exige vigilancia, compromiso y memoria. Recordarlo no es reabrir heridas; es comprender que la estabilidad institucional nunca está garantizada por sí sola.

Y quizá por eso, cada aniversario no es solo una fecha en el calendario. Es una invitación a valorar lo que aquella noche estuvo en riesgo y lo que, finalmente, supo sostenerse.